Artículo de opinión
Por Mapi Alonso. Doctora por la Universidad de Ginebra
y
Roslyn Frank. Profesora emérita de la Universidad de Iowa
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Roslyn Frank. Profesora emérita de la Universidad de Iowa
Publicado el 19/11/2014 en el Diario de Noticias de Álava
19N, 2014. En este día se cumple el sexto aniversario de la Orden Foral 444/2008 firmada por Lorena Lopez de Lacalle, en aquel momento Diputada de Euskera, Cultura y Deportes del la Diputación Alavesa, y por el director del Departamento, Agustin Otsoa Eribeko. En esta Orden Foral, en base a los “informes definitivos” y “análisis sectoriales” de la Comisión Cientifico-Asesora, creada por la Diputada con miembros de la UPV para el estudio de los grafitos excepcionales encontrados en Veleia durante las campañas de 2005 y 2006, se concluyó que había “unanimidad científica“ a a hora de juzgar que eran falsos, “falsificaciones contemporáneas” que “no pueden ser consideradas nunca como auténticas”. Además el proyecto arqueológico había sido “poco riguroso”, “mal llevado” y “poco controlado” con “evidente perjuicio a la ciencia de la arqueología, a los arqueólogos, ….. , y al Yacimiento de Iruña Veleia”.
A la vista de estas conclusiones, en la misma Orden Foral se revocó la autorización a Lurmen SL para la realización de cualquier actividad arqueológica en el Yacimiento de Iruña-Veleia; asumiendo el Departamento, a partir de ese momento, el control directo del mismo y anunciando medidas legales si hubiese lugar.
Y la Diputación consideró que si las había y a finales de ese año inició la fase judicial que dio origen, el 24 de marzo del 2009, a la presentación en el juzgado de una querella penal contra Eliseo Gil Zubillaga, como responsable del yacimiento, por un presunto delito de ataque al patrimonio arqueológico alavés; el único proceso judicial que permanece activo, en fase de instrucción, ya que las que interpusieron los patrocinadores del proyecto que estaba desarrollando Lurmen en Veleia fueron archivadas definitivamente hace tiempo.
Cinco años dura ya la fase de instrucción sin que todavía haya sido cerrada, sin que todavía haya ningún cargo judicial contra Eliseo Gil que, sin embargo, ha sido ya juzgado y condenado ante la opinión pública sin saber todavía de qué, lo que le deja en la máxima indefensión. Y que, a su vez, tiene otro efecto perverso, pues al estar este material bajo custodia judicial se impide el estudio y el debate científico en condiciones a todos aquellos que estamos interesados en él.
Además, después de todos los informes de la Comisión de Diputación, de las pruebas caligráficas que ha habido por medio, de los análisis del Instituto del Patrimonio Cultural Español, con los que las tesis oficiales han intentado adornar la decisión de revocar el permiso de excavación a Lurmen que tomaron por medio de esta Orden Foral, a aquellos que seguimos sin encontrar motivos para dudar de la autenticidad del material arqueológico en litigio, nos preocupa el estado de conservación en el que se encuentra en este momento que por decisión judicial, por incomprensible que resulte, está bajo custodia de Diputación; es decir, la parte acusadora. No parece ésta la situación más idónea para garantizar la conservación de un material que si es falso, como la Diputación mantiene, no tiene ningún valor mientras que si es autentico, como otros creemos, no tiene precio.
Esta situación que parece muy cómoda para algunos, no debería alargarse más. Cada día que pasa aumenta la perversidad de la misma, pero tal pareciera que el asunto se haya convertido en una patata caliente a la que no se sepa como hincar el diente; “asunto”en el que, como hemos visto en otras ocasiones y estamos viendo estos días a raíz del desgraciado caso del ébola, a la hora de justificar el cúmulo de irregularidades y despropósitos que a veces esconden las palabras rotundas y los informes oficiales lo más sencillo es culpar al maquinista, al piloto, a la técnico de enfermería, …., o, en este caso, a los arqueólogos que realizaron el descubrimiento y de cuyo responsable, Eliseo Gil, se pide la cabeza.